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LAVADO DE DINERO

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Estimado Cliente:

Hablar de lavado de dinero nos hace pensar en actividades fuera de la ley y en procesos que buscan darle apariencia de licitud a recursos as obtenidos.

En Mxico, el Cdigo Penal Federal lo denomina operaciones con recursos de procedencia ilcita y lo considera un delito diferente al que le dio origen: el narcotrfico, secuestro o trata de personas, son actividades ilegales que se sancionan por s mismas, el procesamiento de los recursos obtenidos por esas u otras formas de delinquir para blanquearlos constituye por s solo otro evento sancionable.

Desde el ao 2000, pertenecemos al Grupo de Accin Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, organismo que establece estndares internacionales para la prevencin y combate de operaciones con recursos de procedencia ilcita, lo cual implica asumir una serie de obligaciones que deben cumplirse a cabalidad.

Entre los compromisos adquiridos, estaba implementar una ley que previniera el lavado y establecer mecanismos al interior del sistema financiero que permitieran identificar a sus clientes para evitar que stos lo usaran como herramienta para realizar operaciones con recursos de procedencia ilcita.

En el 2012 se public una ley que inici su vigencia en el 2013 denominada Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita (LFPRIORPI o coloquialmente Ley Antilavado), con la finalidad de evitar que las actividades de determinados agentes econmicos se utilicen como instrumentos para que los criminales usen libremente sus recursos.

Esta ley le da el nombre de actividades vulnerables a las que considera como susceptibles de recibir recursos de procedencia ilcita y entre ellas estn las realizadas por casinos, venta de autos, aviones, embarcaciones, relojes, joyas, piedras y metales preciosos, obras de arte, inmuebles, cheques de viajero, tarjetas que almacenan valores monetarios, traslado de valores, operaciones con donatarias y arrendadores, entre otros.

De igual forma, postula que ciertos servicios como los prestados por notarios, corredores pblicos, contadores, abogados o administradores, pueden beneficiar a grupos delictivos en aras de facilitar su operacin, por lo que los incorpora al listado de actividades vulnerables bajo determinadas condiciones y en situaciones muy especficas.

Las actividades que realizan las empresas del sistema financiero las que tambin se consideran vulnerables son reguladas por legislacin especfica respecto de los mecanismos de prevencin e identificacin en la materia Ley de Instituciones de Crdito o Ley del Mercado de valores, entre otras disposiciones aplicables considerando que en bancos, casas de Bolsa y otros integrantes del sistema financiero, suelen iniciarse los procesos de lavado.

No slo es correcto participar en esquemas globales para combatir al lavado de dinero, es incluso necesario que autoridades gubernamentales SHCP y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), SAT y PGR en conjunto con diversos agentes econmicos y el sistema financiero, se encuentren inmersos en actividades que frenen el desarrollo financiero de grupos delictivos, siempre y cuando esto ocurra en condiciones de legalidad y justicia, las cuales no siempre caminan de la mano.

En el 2016, la UIF emiti una interpretacin a la LFPRIORPI tiene facultades para hacerlo en la cual estableci que las empresas dedicadas al outsourcing as lo denomin en un comunicado informal realizan actividades vulnerables y por tanto deben identificar a sus clientes y presentar avisos mensuales respecto de las operaciones realizadas con ellos.

Si bien es cierto que tiene facultades para interpretar, su lectura del artculo 17, fraccin XI, inciso b), encuadra de manera muy forzada a las contratistas en un supuesto no contemplado por el legislador en el texto de ley ni en la exposicin de motivos, por lo que parece una opinin sobre pedido de la SHCP.

Como cualquier interpretacin de una autoridad administrativa, sus alcances no son vinculativos (obligatorios) y cualquier aplicacin en contrario sera objeto de una disputa que tendra que dirimir un tercero. En todo caso, quien no acate la interpretacin de la UIF podra ser objeto de una sancin, al tiempo que contara con los medios de defensa que el derecho le concede.

Se trata de una situacin controversial que en todo caso debieran resolver las autoridades correspondientes y los particulares afectados.

El 7 de noviembre del 2017 se public en la gaceta parlamentaria de la Cmara de Diputados una iniciativa al rgimen de subcontratacin en cuya exposicin de motivos se hace referencia a la necesidad de adicionar una fraccin que obligue especficamente a las empresas de outsourcing, lo cual confirma que la legislacin actual no lo contempla y que la interpretacin de la UIF es incorrecta.

En fechas recientes, algunos bancos, excediendo sus facultades y obligaciones establecidas en ley, se han dado a la tarea de cancelar de forma unilateral cuentas de cheques, ahorro, inversin y crdito de empresas a las que consideran como presuntas participantes en procesos de lavado de dinero, por dedicarse a la tercerizacin y sin dar mayores detalles.

En otros casos, han requerido que estas empresas cumplan con obligaciones como presentacin de avisos antilavado, nombramiento de oficiales de cumplimiento y obtencin de onerosos dictmenes emitidos por despachos autorizados por ellos mismos, amenazando con terminar la relacin contractual en caso de que no se sigan las condiciones que ellos establecen, dejando de lado su carcter de particular para actuar como autoridades sancionadoras.

Nadie niega la necesidad de regular al sector, de tal forma que la subcontratacin slo la practiquen empresas honestas y apegadas a sus obligaciones legales, que respeten derechos laborales y cumplan con sus dbitos con el fisco, incluso se ha pugnado por que la Norma Mexicana para las empresas del sector se apruebe y entre en vigor a la brevedad.

Lo que no puede aceptarse es que las leyes se apliquen a discrecin y mucho menos que se utilice a la iniciativa privada como si fuera un rgano gubernamental.

La actuacin de las instituciones de crdito ha sido excesiva y en claro desapego a sus alcances, lo cual abre la puerta a procesos legales en que se les considere como autoridades as han actuado y a sanciones por parte de la Condusef, que debe evitar este tipo de arbitrariedades, pues es parte de su funcin.

Se debe evitar que el sistema financiero sea un vehculo para el lavado de dinero, pero esto debe ocurrir en un marco de legalidad, en que cada una de las partes haga lo que le corresponde, sin exceder atribuciones y sin servir a intereses que, aun siendo del Estado, vayan en contra del marco legal.

Usted puede sentirse seguro ya que en Out Helping, estamos presentando cada mes a partir de este ao, los avisos de prevencin de lavado de dinero, aunque no obstante la autoridad hace poco indico que como medida adicional de seguridad para evitar la evasin fiscal a las empresas de Outsourcing deberan deben de ser obligadas a presentar estos avisos, nosotros por propio merito ya lo hacemos dando asi mas confiabilidad a todos nuestros clientes de que la totalidad de nuestras operaciones son licitas.  

Sin ms por el momento y con el grato gusto de estar en comunicacin con usted me despido quedando atento a sus comentarios o para aclarar ms dudas de cualquier tema.


Diego Ramirez 

Gerente de Operaciones

Grupo Out Helping

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